Nuestro país vive un acusado desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado residencial. La falta de suelo, la lentitud en las gestiones urbanísticas o las dificultades para acceder a financiación son solo algunos de los factores. Por suerte, algunas administraciones de nuestro país están impulsando medidas para remediarlo. ¿Cuáles son? Te mostramos algunos ejemplos a continuación.
1. Nueva normativa urbanística de Madrid: cambios de uso, agilización de trámites burocráticos y transformación de locales en viviendas
Hace unos meses, el ayuntamiento de Madrid puso en marcha nuevas normas urbanísticas de la capital para adaptar el mercado inmobiliario a las necesidades actuales de la población.
Una de las principales medidas es la flexibilización de usos de ciertos inmuebles que han quedado obsoletos, como es el caso de locales comerciales siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad con las que cuentan las construcciones de obra nueva.
También reguló nuevos modelos de vivienda emergentes como el coliving y el cohousing para garantizar un mínimo espacio en las estancias privadas y aumentar el espacio de las zonas comunes.
Otro de los aspectos clave de las nuevas normas urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid es unificar los criterios interpretativos para mejorar la seguridad jurídica y la simplificación de burocracia. Por ejemplo, ha eliminado las exigencias del PECUAU (planes especiales de control urbanístico ambiental), lo que permite agilizar los proyectos urbanísticos una media de un año y medio.
La flexibilización de usos de inmuebles que han quedado obsoletos, las colaboraciones público privadas con ayuntamientos y la simplificación de trámites urbanísticos son algunas de las medidas más populares
2. La figura de las entidades urbanísticas certificadoras en Andalucía
Dada la falta de recursos de las administraciones públicas para conceder licencias de manera más ágil, la junta de Andalucía ha incluido dentro de su decreto ley de simplificación administrativa la figura de las entidades urbanísticas certificadoras, que podrán verificar si un particular ha aportado todos los documentos para obtener una licencia, si el proyecto y la documentación cumplen la normativa, entre otros aspectos.
Los ayuntamientos pueden contratar a compañías de ámbito privado, que deberán haberse registrado como entidades urbanísticas certificadoras previamente.
3. Decreto de emergencia habitacional en Baleares
El elevado turismo de las Islas Baleares unido a la poca superficie disponible lo convierte en uno de los mercados residenciales más tensionados de nuestro país.
Con el objetivo de crear más vivienda, el decreto impulsado por el gobierno Balear incluye aspectos como la flexibilización de cambio de uso de locales a viviendas o la división de viviendas de gran tamaño para crear viviendas más pequeñas adaptadas a las necesidades actuales. También permite el crecimiento en altura de los edificios, la creación de vivienda en terrenos de equipamientos públicos y privados o la reconversión de establecimientos turísticos obsoletos.
Por otro lado, se ha creado la figura de vivienda a precio limitado mientras se impulsa la creación de vivienda pública.
4. Barcelona cede solares municipales a la Generalitat para construcción de vivienda asequible
Uno de los tenedores más grandes de suelo en nuestro país son las administraciones públicas. Y, en muchos casos, es urgente que las diferentes administraciones se pongan de acuerdo para encontrar los recursos y competencias que les permitan desarrollar proyectos urbanísticos.
Uno de los casos más recientes es el de la ciudad de Barcelona, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat para ceder 11 solares municipales que permitirán construir 637 viviendas en un plazo de 5 años. Según las conversaciones establecidas, la idea es llegar a 27 solares.
5. El Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 de País Vasco
En 2022, El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco llegó a un ambicioso consenso con más de 60 entidades institucionales, sociales y empresariales.
Este pacto tiene como objetivo aumentar la oferta pública de alquiler asequible para llegar a un parque de 50.000 viviendas, así como rehabilitar 350.000 viviendas. Para ello, prevén aumentar el gasto público en vivienda de manera progresiva para que alcance el 1,5% del PIB.
6. Plan Reviva de la Comunidad de Madrid para rehabilitar viviendas y destinarlas al alquiler asequible
Este ambicioso programa que ha puesto en marcha la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid) los propietarios ceden su vivienda en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de tiempo determinado.
Se trata de viviendas vacías que, en su mayoría, presentan un alto grado de deterioro y desactualización que impide su habitabilidad. Si el inmueble necesita obras, EMVS Madrid adelanta su coste hasta 45.000€ al 0% de interés y se hace cargo del IVA. Este anticipo se descuenta poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario, de manera que hace de nuevo habitable el inmueble sin tener que hacer un gran desembolso y sin las complicaciones y molestias que supone una obra.
De momento, se han realizado obras de hasta 8.000 euros en el 50% de las viviendas que han entrado en el programa y se han llevado a cabo reformas de hasta 45.000€ en el 32% de las viviendas.
7. Colaboración público privada para crear vivienda asequible en Zaragoza
La sociedad municipal Zaragoza Vivienda anunció a inicios de 2024 que había aprobado la adjudicación de contratos con 3 licitadoras para crear 376 viviendas de alquiler asequible en la capital. Este proyecto contará con la financiación de 15,5 millones de euros de Fondos Europeos Next Generation.
El objetivo es llevar a cabo 11 promociones inmobiliarias destinadas a jóvenes en los barrios zaragozanos de Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal.
La fórmula que han elegido es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, que se puede prorrogar a 75 años.
Además, la capital aragonesa también ha puesto en marcha el programa ALZA, que consiste en que los propietarios cedan sus viviendas vacías a cambio de una gestión integral por un periodo de entre 5 y 7 años con cobro de alquiler garantizado. Las viviendas cuentan con un seguro multirriesgo de hogar y uno de impago a cargo de Zaragoza Vivienda.
De momento, el programa ya ha sacado al mercado más de 300 domicilios.
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